En el último capítulo de Circobit, Claudio finalmente confiesa que es un títere de las multinacionales ((aunque quién le paga las cuentas solo lo sabrás si escuchas el podcast al revés)):

La casi concluida gesta de la Ley de Propiedad Intelectual a veces más pareció un drama (¿comedia?) de Hollywood que el proceso legislativo usual opaco, complicado y – para que estamos con cosas – de una fomedad que nubla la mente. Como olvidar de estos más de dos años de discusión las destempladas editoriales anti-comunistas, las persecuciones imaginarias, la dura lección sobre piratería que recibió Fernando Ubiergo, las campañas y las contracampañas. El lento pero seguro despertar en que muchos se dieron cuenta que la ley que teníamos nos marcaba a todos como delincuentes. Y que teníamos que dejar de ser piratas.

Esperanza Silva, Protestando con entusiasmo en contra de la LPI

Y así, y por primera vez en Chile, será legal traducir obras en idiomas extranjeros que de otra manera serían inaccesibles, será posible adaptar obras  para que personas con alguna discapacidad puedan acceder a una cultura que también les pertenece. Será posible – si, hay buenas nuevas para los computines – respaldar legalmente un programa computacional o la ingeniería inversa del mismo. Y al fin tenemos el derecho básico de la remezcla cultural: el derecho a citar a otros sin poder ser censurado, y un derecho a hacer usos justos de las obras de otros.

Pero como buen drama que fue este proceso, el proyecto no podía llegar a la meta sin un momento que, si hubiera sido esto una de las de Bruce Willis, tuvo a la Ley colgando de un precipicio agarrada con dos dedos y con pinta de que la cosa no va más. Y el villano (o héroe, según el punto de vista) fue nada menos que el Diputado Gonzalo Arenas, que entre gallos y media noche decidió montar una campaña para rechazar el proyecto de Ley, sumando en el camino el apoyo de muchas comunidades digitales para las cuáles el proyecto de reforma – el primero que incluye excepciones reales en casi 40 años – se convirtió en «la ley de censura de internet».

Sin querer defender los contenidos de los artículos en cuestión ni mucho menos las exageraciones ridículas que se hicieron de su lectura, el surgimiento del Diputado Arenas y sus asesores como defensores del «derecho a compartir»  es un ejemplo fantástico – e insólito – de lo fácil que es a veces ganar una batalla política con la mezcla correcta de un par de esloganes facilistas, el entusiasmo de muchas comunidades digitales, y una botella grande de ignorancia.

Diputado Arenas, Bombero-Pirómano

Y es que el Diputado Arenas no es un recién llegado a la discusión de la LPI, como le pasó a muchos diputados en los días previos a la votación. Como miembro de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, el honorable Diputado tuvo conocimiento y poder para cambiar el texto del proyecto desde que ingresó al Congreso… en Mayo del 2007. Durante los más de cinco meses que duró la discusión en la cámara, el diputado no solo no cambió los mentados artículos en la Comisión, sino que llegado el momento, aprobó con el resto de sus colegas el texto del proyecto. Texto que ya en ese tiempo incluía el mentado artículo 85 T que casi dos años después, y días antes de la aprobación final de la ley, el Diputado denunciaría como una violación de los derechos de los usuarios de internet.

Pero así es la política: a veces se puede quemar una casa, llamar a los bomberos, y finalmente ganarse una medalla por haber apagado el incendio. Nada de mal como acto de contorsionismo político.

Más interesante, sin embargo, es lo significa para el futuro de los derechos de autor en Chile la aprobación de la Ley y  el surgimiento – ¿momentáneo, permanente? – de las comunidades que apoyaron al Diputado Arenas. Y es que antes de la aprobación de la reforma, todos eramos piratas. El mundo del derecho de autor era uno en blanco y negro, donde no creer en el control absoluto de la obra por su autor significaba que la alternativa – el otro lado de la cerca – estaba ocupado por gente que podía tener opiniones – o accionares, a falta de la reflexión – muy distintos, pero que podían estar de acuerdo en que la ley era antidiluviana, y apoyar su reforma. Dado lo básica, lo primaria que era la discusión que generó la ley, era fácil ignorar las diferencias entre una cultura donde los derechos de autor no tienen cabida en internet y otra en que, sin apoyar modelos de negociación y compensación obsoletos, aún se aceptan la importancia de que los autores sean compensados.

Pero con la llegada de la nueva ley, con sus excepciones y su expansión de acceso a la cultura, aparecen también tonos de gris en la discusión. Se movió la cerca, y con ella tendremos que responder preguntas que son, en cierto modo, las más difíciles y complejas: ¿Como se compatibiliza el «derecho a compartir» con la necesidad de compensar (y es eso lo que tenemos que compatibilizar)? ¿Existe una alternativa al modelo de «una copia es una venta»? ¿Cuál es el efecto real de la copia ilegal sobre la industria comercial de la cultura?.

Esta no es, por supuesto, una discusión exclusivamente Chilena, y las respuestas a estas y otras preguntas  han sido difíciles de encontrar en todo el mundo. Pero pareciera que la aprobación de la LPI facilita que en Chile tengamos una participación más seria (y si, más radical también) en una conversación internacional de la cuál eramos meros espectadores.

Imaginate que un día te compras un sandwich con un amigo, y te encuentras en la situación de dividirlo con él. Como la única forma de que tu pedazo sea mas grande es que el pierda de su parte del sandwich, los economistas llaman a ese tipo de situación «de suma cero» (las elecciones presidenciales también son un buen ejemplo, porque para que uno salga presidente, el otro necesariamente tiene que perder).

Esto parecerá muy obvio en el caso del sandwich (o de la elección). Pero resulta que hay muchas situaciones que no son de suma cero. Partiendo por la compra del sandwich: ambos tú y tu amigo y el vendedor del cuál obtuvieron el sandwich ganaron en la transacción. No hay perdedores.

Ya sé lo que te estás preguntando… ¿Y que diablos tienen que ver los sandwiches y los juegos de suma cero con la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)?. Bueno, la cosa va más o menos así:

Uno no puede dejar de pensar que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), que ha montado una campaña frontal contra la reforma a la LPI que se trámita en este momento en el Congreso, ve esto de los Derechos de Autor como un juego de suma cero. Así, la SCD nos quiere hacer creer que la única forma de que los ciudadanos tengamos más acceso a nuestra cultura es si ellos pierden, y que el proyecto en discusión no es más que una forma de debilitar el sistema que les da sustento económico a los autores y artistas del país.

Y si uno tiene esa perspectiva, no es difícil ver que la SCD crea que esto es una guerra contra la sociedad en general, donde para que la ésta gane algo deben perder ellos. Y en ese estado mental belicoso parece que no hay lenguaje demasiado incendiario ni se puede jugar lo suficiente con la verdad. Así, nos encontramos con denuncias histéricas de que el comunismo está arrasando nuestro país (o el autor no entiende lo que es el Comunismo, o no ha salido a la calle en Chile en 20 años. O ambas), o cosas como esta:

Llegamos a la conclusión de que son ocho son los puntos de mayor conflicto: 1. Se beneficia a los grandes de internet y se da cero a los autores. 2. Se quiere derogar la irrenunciabilidad de derechos. 3. Ya no se habla ni de autores ni de artistas, sino de “titulares de derechos”. 4. Establecimiento de una super-excepción a los derechos de autor. 5. Las autoridades desconfían de los artistas organizados en sociedades de gestión. 6. Se quiere cambiar “finalidad de lucro” por “interés comercial”. 7. Se pretende eximir a comerciantes del pago de derechos. 8. Se quiere autorizar el negocio de las fotocopias masivas de libros.

Ya algo he discutido la tontera que es atacar a las proveedoras de Internet, que no es más que una forma de extraernos a todos un impuesto con beneficio privado. Pero el decir que con la reforma a la ley «se da cero a los autores», dado que el proyecto endurece tremendamente las penas por violaciones a los derechos de autor, es simplemente faltar a la verdad. De más esta decir que no existe tal cosa como una «super-excepción» en el proyecto, y menos se pretende autorizar el negocio de las fotocopias masivas de libros. De lo demás, informate acá.

La verdad es que las libertades que se está tomando la SCD con la verdad y las realidades de la reforma no hacen más que traicionar ignorancia. Como otros antes que ellos, y sus pares en otros países, la SCD se niega a entender que este no es un juego de suma cero, y que no se trata de robarles lo que parece a veces perciben como derechos divinos y absolutos, sino que el proyecto  facilita el acceso básico a la cultura que por mucho tiempo nos ha sido negada, y que de ese acceso expandido – y bajo un marco legal atento a las realidades tecnológicas con las que vivimos – tanto los titulares del derecho como la sociedad en general tienen todas las de ganar.