Si has sido lector regular de este espacio, ya sabes  que nuestra legislación sobre propiedad intelectual es anticuada, des-balanceada y profundamente injusta. Y sabes entonces que en Chile el simple acto de copiar un CD a tu computador, o de hacer un respaldo de un programa que compraste, o de fotocopiar un artículo en la Universidad te convierte en un delincuente ante la Ley. Y estos temas, que los he comentado por acá, son solo la punta del iceberg.

Porque tal vez estás mucho, mucho mejor informado.Y sabes que es mucho peor. Que las bibliotecas de nuestro país tienen todas las ganas y las herramientas para servirnos a todos nosotros mucho mejor, pero que la ley actual no se los permite. Que a muchos de nuestros compatriotas, que por sus discapacidades no pueden disfrutar de la rica cultura a la cuál el resto de nosotros podemos acceder sin problemas, la ley actual los deja atrás. Y eso aunque la tecnología para hacer que cultura sea verdaderamente universal está disponible. Y estos son solo un par de ejemplos que ilustran como nuestra ley,  con el legítimo objetivo de proteger y fomentar la creación, nos ha convertido en una nación de delincuentes.

Pero esto, y que en este momento se está discutiendo una tremenda reforma la Ley, ya lo sabes.

Y sin embargo, tal vez no has hecho nada al respecto. Tal vez pensabas que esto era tema para los abogados, para los «activistas», para gente que vive en Santiago. Tal vez estabas muy ocupado, o te dio lata, o se te pasó participar.

Agua bajo el puente. La cosa es que en esta pelea por la reforma, ahora es cuando. No en un mes mas, no cuando lleguen las vacaciones. Ahora. Porque los senadores de nuestra querida República van a votar pronto, muy pero muy pronto, para avanzar en la necesaria reforma de la ley, y que crearían por primera vez en Chile usos justos, que nos daría la posibilidad de usar nuestra cultura para criticar, educar, informar, y ¡sí! reírnos de nosotros mismos. Usos que no solo no perjudican la creación, sino que la justifican, la estimulan y la enriquecen.

Así que si no has encontrado el tiempo o la oportunidad para participar, encuentra acá una forma para ayudar, en serio, a que tengamos – por fin – una ley decente:

1. Baja esta carta (formato Word o OpenDocument) dirigida a los Senadores que votarán las indicaciones de usos justos.
2. Envíala a los Honorables con tu nombre y datos (copia y pega sus correos electrónicos de acá).
3. Difunde esta iniciativa lo más que puedas.

La votación es el 27 de Abril. No te olvides. Ahora es cuando.

(la imagen es un diseño de mxxbock).

A todos aquéllos que por su trabajo tienen que tratar de descifrar el funcionamiento del estado, ya sea para una investigación periodística o por simple curiosidad ciudadana, no les sorprende que el proceso sea largo, doloroso, y frecuentemente sin luz al final del túnel.

Información esencial sobre el funcionamiento del aparato estatal, desde cuanto gana tal o cuál, como se tomo tal resolución, quién asignó ese subsidio, etc, no solo es importante para asegurar el legítimo acceso de la información, sino que es un mecanismo eficiente para mantener al estado libre de corrupción.

Y así fue que Chile, finalmente, aprobó el año pasado una Ley de Transparencia, que sin ser perfecta, significa una revolución en la capacidad del ciudadano de informarse, requiriendo de los funcionarios estatales que reunan información solicitada por cualquier persona, la entregen en plazos razonables, y se sometan a un sistema de sanciones si se niegan o demoran arbitrariamente a entregarla.

Hasta acá, la historia esta muy bien, y hay que celebrarla. Pero como nos informa hoy CIPER Chile, el reglamento que acompaña a la ley deja mucho que desear. Generado por la Secretaría General de la Presidencia, el documento – que es lo que los funcionarios públicos utilizarán en la práctica para aplicar la ley – esta lleno de restricciones y de mecanismos para que los funcionarios del Estado escapen a su responsabilidad de acuerdo a la ley. Acá, una muestra:

“En ningún caso, la solicitud de acceso (a información pública) implicará la obligación por parte del órgano requerido de elaborar, producir, procesar o consolidar información”

Que en castellano simple significa que si es pega reunir la información requerida, se puede negar la solicitud.

La batalla, sin embargo, no está perdida. Todavía quedan 20 días para que entre en vigencia la ley y las múltiples observaciones que se han hecho a este impresentable reglamento por organizaciones pro-transparencia a la Contraloría y al ministerio mismo han hecho que este último se viera obligado a re-escribirlo.

Queda esperar que el ministro Viera-Gallo se tome en serio el espíritu de la ley y produzca un reglamento acorde. Como dicen por ahí, la luz del sol es el mejor desinfectante.

¿Por qué eres tan cruel?….

(Información original acá, y un poco de desparráme)