miércoles 23 de octubre, 2013

El silencio de Chile ante las revelaciones de la NSA

Desde que comenzaran a ser publicadas en Junio de este año, las revelaciones sobre los programas de espionaje llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos han pintado un cuadro cada vez más complejo y preocupante sobre las inmensas capacidades de esa institución para interceptar las comunicaciones telefónicas y por Internet a una escala global. De acuerdo a Glenn Greenwald, el periodista que desde el diario Británico The Guardian ha liderado la publicación de los documentos filtrados por Edward Snowden, este cuadro todavía está incompleto, pero sin duda la información ya disponible debiera obligarnos a una profunda reflexión sobre el estado de la seguridad de las comunicaciones en Chile.

Y aunque es razonable que la discusión se haya centrado en el impacto sobre la privacidad como derecho fundamentalmente individual, también juega un papel central en el funcionamiento saludable de las instituciones de una sociedad democrática soberana.

Lamentablemente, y como explica Pancho Vera de Derechos Digitales, la reacción nacional ante las revelaciones publicadas por Greenwald y otros ha sido, por decirlo menos, indiferente. Relegada a las secciones internacionales o de tecnología de los medios, las consecuencias que tienen estos programas para los intereses internos y externos de Chile parecen, hasta ahora, importarle a muy pocos. la reacción del Gobierno de Chile ha sido una de meros murmullos. En julio, anunció una investigación sobre la veracidad de las revelaciones de Snowden, que apuntaban a que Chile estaba entre los países sometidos a espionaje. Más de tres meses después, los resultados de esa investigación no se han hecho públicos, ni parecen haber habido declaraciones adicionales al respecto.

Incluso las preguntas más básicas permanecen sin respuesta. Por ejemplo, preguntarnos si los funcionarios estatales están obligados a tomar medidas de seguridad mientras, por nombrar algunos ejemplos, negocian el TPP con Estados Unidos, o deciden el destino de los recursos naturales nacionales con empresas británicas , o discuten estrategias para resolver conflictos limítrofes. ¿Cuáles son las políticas de retención y protección de datos en el Estado? ¿Están usando servicios como Dropbox o Gmail? E independiente de donde estén basados, ¿están sometidos a auditorías de seguridad?. Le he hecho estas y otras preguntas a muchas personas que trabajan en el Estado o se comunican regularmente con sus funcionarios. Las respuestas, aunque no son oficiales, no son alentadoras.

Esta preocupación puede parecer exagerada o paranoica, pero la evidencia publicada hasta ahora la justifican plenamente. Aunque sin duda los programas de espionaje fueron fundamentados y financiados con el propósito principal de combatir el terrorismo, las revelaciones de Snowden han dejado en claro que la NSA ha utilizado la misma infraestructura para llevar a cabo espionaje a figuras políticas que supuestamente están en el círculo de aliados de EEUU: La Unión Europea, el Presidente (y ex también) de México, la Presidenta de Brasil, y mientras escribo esto, se suman acusaciones de espionaje de la Canciller alemana Angela Merkel.

De la misma forma, y a pesar de negarse a admitirlo, la NSA ha estado conduciendo actividades de espionaje económico a Petrobras, la empresa estatal Brasileña. Y aunque las revelaciones concretas que apunten a este tipo de actividades en Chile han sido tenues, solo una ignorancia profunda sobre la historia política y económica del país podría llevarnos a concluir que no es un candidato a estas mismas actividades.

Finalmente, y aunque es cierto que las revelaciones de Snowden han generado un importante y necesario debate sobre la importancia de la privacidad, es importante tener claro que, incluso en el mejor de los casos, las reformas a las actividades de la NSA estarán concentradas en los programas que tienen un impacto doméstico en EEUU. Para contrarrestar el resto, cada país tendrá que asumir la responsabiliad de usar las herramientas legislativas, tecnológicas y diplomáticas que estén a su alcance. Si declaraciones de prensa seguidas de un silencio ensordecedor es lo que podemos esperar del Estado de Chile, es quizá hora de golpear algunas puertas hacer algunas preguntas.

~

jueves 25 de julio, 2013

Kaiser, un ejemplo para Chile

No había tenido oportunidad de comentar, hasta ahora, la columna de Axel Kaiser sobre la educación en Chile, y la mucho más interesante entrevista que le dio a The Clinic, en la cuál defiende sus opiniones ante la aparente contradicción de estar realizando un doctorado (con fondos públicos) en una universidad alemana (también pública). Pero después de leerlas, creo que es claro que Kaiser es un excelente ejemplo de lo que deberíamos hacer en Chile.

Aunque causó mucho escándalo, la columna de Kaiser no es más que la repetición del mantra neoliberal de rechazo a los derechos colectivos y sociales en favor de los derechos individuales1. En ese marco, la educación es, como dice Kaiser, parte de «los bienes económicos por definición [que] son escasos y satisfacen necesidades o deseos.» Con esto, simplemente reitera la ideología que nos trajo mucho de la Constitución del 80 y el sistema educacional chileno de las últimas décadas. Nada nuevo bajo el sol2.

Afortunadamente, en la mayoría de las sociedades modernas la educación es parte de una concepción del individuo y la sociedad que es más amplia y que incluye la capacidad de autodeterminación y autorrealización, y por lo tanto no puede ser reducida a una serie de transacciones comerciales.

Quizás, entonces, lo más interesante es explorar la experiencia de Kaiser no vía sus columnas, sino en el mundo real, donde armado de su teoría neoliberal navegó el sistema educacional. Kaiser nos dice de su beca financiada por fondos públicos en Alemania que

Estoy efectivamente obteniendo un beneficio en un sistema que está diseñado de una manera que yo sería partidario de cambiar en parte. Pero creo que sí es consecuente, porque al final tú vives en el mundo en el que estás y tienes que jugar con las reglas del juego que existen.

El argumento ocupa un espacio entre lo insultante y lo absurdo. Si hay alguien en este país que tiene la opción de elegir las «reglas del juego» con las que vive es un miembro de la ínfima minoría (en la que me incluyo) que ha tenido la suerte de estudiar un doctorado fuera de Chile. Nadie lo obligó a ir a estudiar a esa pesadilla estadista que es una Universidad pública alemana, donde los recursos son tan abundantes que están dispuestos a financiar a un estudiante sudamericano para que realice un doctorado en «Estudios Americanos». Sin duda, podría haber elegido por ahí alguna Universidad con fines de lucro y haberse financiado los estudios con un préstamo de un banco (como lo hacen muchos Chilenos).

Más aún, nos dice, la beca que lo financia es una solución de mercado, porque

En general en las becas más competitivas queda una de cada diez personas que postula. Entonces, si aplicamos ese sistema de las becas a la educación superior chilena, sólo el 10% de los alumnos tendría financiamiento durante su carrera universitaria.

Y aunque es cierto que una beca como la que tiene Kaiser no parece congruente con un sistema gratuito de educación, es sin embargo una acto evidente de acción colectiva, la expresión de una concepción de la educación como algo más que un bien económico, lo que Kaiser admite oblicuamente cuando habla de financiamiento cuando hay «utilidad social». Más aún, el tema de las becas es más bien irrelevante cuando comparamos a Chile con Alemania. La realidad de ese ese país es muy distinta. Después de un breve experimento con el cobro de matrícula en la educación de pregrado que comenzó el 2005 (previamente, la educación universitaria era gratuita), el financiamiento de la educación terciaria en Alemania está regresando a un modelo de gratuidad.

Pero incluso en las pocas Universidades en Alemania donde aún se cobra por la Universidad, los costos son del orden de 500 euros por semestre (unos 330 mil pesos Chilenos). La Universidad de Heidelberg, alma mater de Kaiser, cobra (lea y llore) 126.50 euros (85 mil pesos) por semestre. Esto, en un país con un ingreso per capita del más del doble de Chile y una distribución del ingreso enormemente más igualitaria.

La respuesta intelectualmente honesta hubiera sido decir que eligió estudiar en una Universidad pública alemana porque ese sistema le entregaría una educación de excelente calidad, y al estar en un país que reconoce el valor social y colectivo de esa educación (y si, como derecho), lo haría en forma gratuita. Pero por supuesto, esto hubiera obligado a Kaiser a enfrentar preguntas incómodas de por qué ese sistema público y sin fines de lucro, ha sido y continúa siendo, como sus símiles en otros países, el mejor y principal educador y motor de generación de conocimiento.

Kaiser quiere ser el campeón de un modelo neoliberal para la sociedad – y por extensión, para la educación. Pero para muchos será un niño símbolo del éxito de una educación pública y de calidad financiada por una sociedad que entiende su valor y se la entrega a todos sus ciudadanos, como un pilar fundamental para sustentar una democracia pluralista y saludable no solo en Alemania, sino alrededor del mundo. Y ese ejemplo de Alemania y de Kaiser, más que sus palabras, es lo que nos debería guiar mientras pensamos en una nuevo sistema de educación para Chile.

  1. típicamente, estos últimos están limitados a la propiedad y la libertad como ausencia de coerción. []
  2. Quizás no muy sorprendente, dado que su tesis de doctorado se titula «Jose Piñera and the American philosophical foundations of the Chilean free market revolution» – José Piñera y las fundaciones filosóficas Norteamericanas de la revolución Chilena del libre mercado. []

~

miércoles 20 de febrero, 2013

De Parodias y Democracia

mil_caras_guillo

La noche del 24 de Agosto de 1987, la policía Chilena ejecutó una orden de detención contra Marcelo Contreras, periodista y entonces director de la revista APSI. El crimen de Contreras había sido intentar publicar un suplemento humorístico con la APSI, titulado Las Mil Caras de Pinochet, y que tendría en la portada una legendaria ilustración de Guillo mostrando al dictador como Luis XVI.

La concepción del suplemento, su confiscación en la misma imprenta y el encarcelamiento de su director fue una admisión mutua entre Pinochet y Contreras: ambos conocían bien el poder que tiene el humor, y en particular la parodia, como herramienta subversiva del terror que ahogaba al país. Pocas cosas molestan más al poderoso que verse criticado en la esfera pública con una frase aguda o una ilustración de genio. Sobre todo cuando se imagina que la fuerza de las armas, o del cargo, o del dinero, le han comprado inmunidad contra un mensaje envuelto en esa indignidad que es la risa ajena.

La formalización de Rodrigo Ferrari, acusado de usurpación de nombre por la creación de una cuenta parodia en Twitter cuyo blanco eran los hermanos del Grupo Luksic, muestra que la pugna entre Contreras y Pinochet no fue más que un round en una pelea permanente por defender la libertad de expresión de los que tienen poco contra los que tienen más.

El que esta nueva versión de un clásico se dé en democracia no es menor. La parodia ya no es una arma peligrosísima de usar contra un dictador, sino una herramienta legítima y legal de crítica social y de menoscabo del status quo. Y es por eso que la ofensiva legal de los Luksic y el Ministerio Público es ignorar el humor y acusar a Ferrari de usurpación de nombre. La estrategia se intenta aprovechar del hecho de que la parodia es, como mucho de lo bueno de la cultura, una remezcla. Toma elementos del original – un gesto, una imagen, un estilo – y los convierte en una obra nueva. La buena parodia requiere acercarse a su objeto, y es evidente que éste último no estará inclinado a permitirla o aprobarla. Y es por eso que la ley – en democracia, esto es – no requiere que provea ni la una ni la otra.

Los antecedentes públicos del caso de Ferrari dejan a la vista varias aristas preocupantes:

Primero, el caso ha dejado al desnudo que los estándares de protección de la privacidad a los que estamos sometidos por parte de los grandes de internet parecen ser muy variables. En el pasado, Twitter ha declarado que protegerán la privacidad de sus usuarios – llegando incluso a tomar acciones legales contra gobiernos para hacerlo – mientras que eso no les signifique violar la ley. Pero hasta ahora, todo indica que Twitter cedió la información de IP de Ferrari a pesar de que la ley Chilena (y estadounidense) protege esa información y requiere una orden judicial, no una mera solicitud de información, para obtenerla. Si ese es el estándar de Twitter para sus usuarios Chilenos, el caso de Ferrari será el primero de muchos.

Segundo, aprendimos que la captura del estado por parte de intereses privados sigue viva y coleando en Chile. Es inimaginable que un ciudadano común y corriente pudiera haber convencido al Ministerio Público de invertir sus sin duda impresionantes recursos humanos y técnicos en la investigación de una cuenta parodia en Twitter, que fue cerrada por esa misma empresa hace ya dos años. La entrevista al Comisario Esteban Maldonado en CNN Chile deja en claro que ellos están para perseguir estos delitos contra «personajes políticos» y «personas importantes». Aunque no dijo como se determinaba la importancia de una persona, no cuesta mucho imaginarse que tener el apellido Luksic ayuda bastante a pasar el test.

Tercero, y a propósito de la misma entrevista, es que la palabra parodia nunca pasa por los labios del Subjefe de la Brigada de Cibercrimen de la PDI. Es decir, la teoría de de la fiscalía y Luksic es que le podrán hacer creer a un juez que los seguidores de la cuenta @losluksic leían esos tweets convencidos de que eran los hermanos Luksic los que los escribían. Si eso es así, sugiero que la próxima vez que el Canal 13 muestre una parodia de Stefen Kramer, lo obliguen a usar una polera que diga «No, no soy el Presidente».

Cuarto, vale la pena mencionar que Luksic, con la complicidad del fiscal de la metropolitana norte, ya ha ganado algo valioso: a menos de que el costo a su imagen sea muy grande, el chilling effect generado por este caso será difícil de revertir incluso con lo que creo será un triunfo de Ferrari en los tribunales. Es difícil creer que, al menos en el futuro cercano, los que vean las consecuencias legales y personales que le ha traído el ejercer su legítimo derecho a la libre expresión no se sientan cohibidos de seguirle los pasos. Y es por eso que la decisión misma del fiscal de acusar a Ferrari dados los antecedentes que tenía en las manos muestra una falla profunda de criterio e independencia, y requerirá, tarde o temprano, que explique su decisión.

Finalmente, creo que Rodrigo (que sí, es amigo de este blog, hay que decirlo) se merece el agradecimiento de todos nosotros por no haber caído en la tentación, que creo sería fuerte para muchos, de haber aceptado el acuerdo de la fiscalía y haber cerrado el tema con una disculpa. Como es a menudo el caso, el proteger nuestra democracia y derechos requiere muchas batallas grandes y chicas, y a veces a uno le llega una sin buscarla. Es una muestra de carácter que uno la enfrente aunque hubiera sido más fácil dejarla pasar en silencio. Si lo ve por ahí, dele a Ferrari un saludo sentido. El agradecimiento honesto de sus compatriotas es al menos una cosa que Luksic no puede comprar.

~

← RecienteAnterior →
Los contenidos de este blog están publicados bajo una licencia Creative Commons Atribución-Compartir-Igual. (c) 2005-2021 El Diablo en los Detalles | Usando WordPress y una versión modificada de Barecity.